¿Qué aprovechará RD de lo que pide el FMI a CR?

El Fondo Monetario Internacional (FMI) acaba de proponer a Costa Rica una nueva reforma fiscal orientada a aumentar los ingresos del Gobierno Central y, en particular, a ampliar la inversión pública en infraestructura. La iniciativa también persigue mejorar la gestión de la deuda pública y reducir el llamado gasto tributario, ese conjunto de exenciones y privilegios fiscales que, con el paso del tiempo, terminan erosionando la base recaudatoria del Estado.. Los pilares de la propuesta giran en torno a dos ejes principales: la introducción de una tasa única para el impuesto sobre la renta de las empresas y el aumento de la progresividad del impuesto a la renta de las personas físicas.. Asimismo, el organismo sugiere la creación de un mecanismo denominado feebate, basado en las emisiones de los vehículos. Este instrumento —que combina incentivos y penalidades ambientales— podría incrementar la recaudación y, al mismo tiempo, respaldar un mayor gasto productivo en inversión de capital, educación, seguridad, salud y transferencias sociales focalizadas.. La República Dominicana, que en estos momentos enfrenta aprietos fiscales no muy distintos a los de Costa Rica y que también se encuentra ante la urgencia de encarar una reforma, haría bien en estudiar estas propuestas. No para copiarlas mecánicamente —cada economía tiene su propio mapa y sus propias heridas—, sino para extraer lecciones que permitan transitar por caminos más seguros en la reforma que actualmente se diseña.. Aunque las soluciones no tengan que ser idénticas, ambos países comparten problemas similares. El primero es el amplio sistema de exenciones fiscales, que genera un elevado gasto tributario y que tarde o temprano exige ser revisado. En el caso dominicano, este fenómeno ha terminado convirtiéndose en un problema fiscal estructural: en los últimos años ha oscilado entre el 4 % y el 5 % del PIB.. La pregunta inevitable es cómo reducirlo. Esa respuesta corresponde a las autoridades fiscales del país y, sin duda, será distinta a la que adopte Costa Rica, tanto en materia de prioridades como en el ritmo de aplicación.. En el caso particular del ITBIS, del cual están exentos numerosos productos, la recomendación del FMI es clara: antes de subir impuestos, conviene revisar los privilegios fiscales existentes.. Para Costa Rica, el organismo también plantea una tasa única de renta empresarial. La lógica es sencilla: menos regímenes especiales, menos distorsiones y un sistema tributario más simple y transparente. En la República Dominicana, la tasa corporativa ya está unificada en 27 %, pero persisten múltiples regímenes diferenciados —zonas francas, turismo, energías renovables y otros sectores— que introducen asimetrías en el sistema.. Otro punto de alta relevancia es el aumento de la progresividad del impuesto sobre la renta personal, lo que implica que quienes más ganan contribuyan proporcionalmente más. Este sigue siendo uno de los puntos débiles del sistema tributario dominicano: la recaudación por este concepto apenas alcanza alrededor del 1.5 % del PIB.. . En cuanto a los impuestos ambientales inteligentes, como el feebate, su principal virtud es que introducen señales claras en la economía: premian las decisiones menos contaminantes y encarecen las más dañinas. Además, pueden contribuir a hacer el sistema tributario más progresivo.. Un mecanismo de este tipo encajaría con la transición energética que el país deberá emprender en los próximos años. Podría implicar una reforma en la tributación de los vehículos, incentivar la movilidad eléctrica y reducir gradualmente la dependencia de los combustibles fósiles.. Finalmente, otra recomendación del FMI —que el Gobierno dominicano ya ha manifestado su intención de cumplir— es mejorar la focalización de los subsidios a través de los programas sociales.. En última instancia, el verdadero desafío consiste en entender que una reforma fiscal no debe verse únicamente como un mecanismo para recaudar más. Debe ser, sobre todo, una herramienta para financiar el desarrollo, fortalecer la estabilidad fiscal y construir un Estado capaz de responder a las demandas de su tiempo.