¡Déjennos en paz!

Las campañas electorales anticipadas generan efectos nocivos en la inversión y la cohesión social. En sistemas altamente politizados, los gobiernos solo disfrutan de los primeros dos años de su mandato sin las perturbaciones del ambiente preelectoral; los dos años restantes suelen estar marcados por la agitación. A medida que se acerca el medio término del actual gobierno, comienzan a surgir las primeras señales de una intensa contienda electoral. La reciente encuesta de Gallup/Diario Libre ha encendido el interés por las precandidaturas, lo que promete desatar una serie de movilizaciones políticas. La Junta Central Electoral enfrenta el desafío de controlar el proselitismo prematuro, a pesar de que la Ley núm. 33-18 establece que la precampaña electoral debe comenzar el primer domingo de julio del año anterior a las elecciones. Sin embargo, no puede regular el discurso de los aspirantes, que a menudo se caracteriza por una retórica vacía y confrontacional. Esto afecta la gobernabilidad y la toma de decisiones, postergando reformas estructurales necesarias y generando un gasto excesivo que podría destinarse a la inversión social. La anticipación de la campaña electoral no solo distrae a los políticos, sino que también interfiere con la concentración nacional en un contexto de crisis global e incertidumbre.