Capacitación y respeto

Resulta muy auspiciosa la graduación de 199 servidores públicos de la primera promoción de la maestría en Gestión Pública y Gobernanza, efectuada el martes. Durante la ceremonia, el presidente Luis Abinader destacó la necesidad de contar con personal capacitado para ejercer la función pública con profesionalidad. Estos servidores fueron formados gracias al esfuerzo combinado del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) y la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD). De inmediato, Abinader ordenó preparar una segunda promoción con 500 nuevos participantes para afianzar la profesionalización de la administración pública. Esta iniciativa tendrá verdadero valor siempre que en la cúpula de los ministerios se respete a los servidores, se reconozca la experiencia y se abandone la práctica de despedir a miles de empleados en cada cambio de gobierno. Un ejemplo del daño que causa esa práctica politiquera se vivió al inicio de la gestión de Abinader, cuando la gran mayoría de los técnicos agropecuarios fueron cesanteados sin justificación. Como consecuencia de esa insensatez gubernamental, la peste porcina africana penetró al país, la producción agropecuaria se desplomó y las importaciones de alimentos se triplicaron. Si el Estado invierte en la capacitación de sus empleados, no es justo que luego un político convertido en ministro los despida para entregar sus puestos a compañeros de partido, generalmente carentes de competencias. Esto ocurre incluso cuando el presidente cambia funcionarios: el nuevo ministro suele sustituir al personal y traer a sus asalariados políticos. El país necesita garantizar el derecho de los profesionales y técnicos competentes a trabajar en el Estado sin que para ello tengan que presentar una recomendación de un dirigente político. Al no dar oportunidad a que el talento independiente sirva al Estado, cientos de miles de jóvenes profesionales han tenido que emigrar en busca de un empleo seguro y mejor remunerado. Esperamos que continúe la capacitación y que se imponga el respeto a quienes cumplen sus funciones con ética y profesionalidad, aunque no militen en el partido en el poder.