Justicia del Futuro 2034: las reformas que sostienen lo alcanzado

Cuando una persona acude a un tribunal no busca expedientes ni estadísticas: busca una respuesta a tiempo que proteja su dignidad y sus derechos. Esa convicción anima el Plan Justicia del Futuro 2034, presentado por el Poder Judicial bajo la conducción visionaria del magistrado Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia. Un plan construido con más de tres mil voces —jueces, servidores judiciales, sociedad civil, academia y sector privado— que traza el camino hacia una justicia ágil, accesible y transparente. Los resultados que respaldan esta visión son concretos. En 2019 apenas el 30% de los tribunales estaba al día; hoy esa cifra alcanza el 73%. La desjudicialización redujo la entrada de trámites graciosos de más de 281,000 en 2018 a cerca de 116,000 en 2024. Se digitalizaron más de 18,500 expedientes, se rubricaron más de 2.8 millones de firmas electrónicas y el 40% de los trámites ya ingresa por vía digital —porcentaje que en la Suprema Corte de Justicia alcanza el 70%—. El Programa de Optimización del Proceso Penal ha humanizado la justicia penal, beneficiando a personas privadas de libertad en condiciones de salud precaria. Logros que honran el esfuerzo de jueces y servidores judiciales en todo el país. Pero sostener estos avances y dar el salto hacia una justicia "justo a tiempo" requiere reformas normativas de fondo. Y afortunadamente, el país ya ha dado pasos firmes. La Ley núm. 2-23 sobre Recurso de Casación modernizó un procedimiento regido por una norma de 1953, eliminando el efecto suspensivo, reduciendo plazos, incorporando el interés casacional y permitiendo que la Suprema Corte falle directamente el fondo en casos excepcionales. Más recientemente, la Ley núm. 97-25 que reforma el Código Procesal Penal marca otro hito: amplía los mecanismos de resolución de conflictos, fortalece las garantías del debido proceso y refuerza la presunción de inocencia. Ambas leyes demuestran que cuando hay voluntad colectiva, las reformas se materializan. Ahora bien, el eslabón pendiente más importante es la aprobación de una Ley Orgánica del Poder Judicial que actualice la organización y funcionamiento de nuestros tribunales. La estructura actual limita la distribución equitativa de la carga —el 80% de los casos se concentra en cinco departamentos judiciales— y restringe las competencias de los jueces a una instancia y territorio fijos. A eso se suman las reformas pendientes en materia civil e inmobiliaria, jurisdicciones donde el incidentalismo y las prácticas dilatorias prolongan innecesariamente los procesos y erosionan la confianza ciudadana. El Plan Justicia del Futuro 2034 coloca a la persona en el centro, con metas medibles: cero mora, cien por ciento de acceso, cien por ciento de transparencia. Alcanzarlas exige que los tres poderes del Estado y la comunidad jurídica asuman estas reformas como compromiso compartido. Una justicia al día, que respete la dignidad y los derechos de todos los que acuden a ella, no es solo un objetivo institucional: es una deuda con la ciudadanía que no admite más demora.