Acuerdos sí, impunidad no

Justicia o impunidad tras las negociaciones con el Ministerio Público

Que algunos de los investigados en el caso Senasa 2.0 se acerquen al Ministerio Público para explorar acuerdos no debería sorprender. Es una práctica en el sistema penal moderno y, bien utilizada, ayuda a acelerar procesos complejos, esclarecer hechos y fortalecer las acusaciones.

La cooperación de algunos involucrados puede permitir reconstruir mejor los hechos, identificar redes de responsabilidad y consolidar expedientes que, por su naturaleza, suelen ser complejos. En casos de corrupción o fraude contra el Estado, donde muchas veces los delitos se ejecutan mediante estructuras y complicidades, las colaboraciones sirven de herramienta útil para llegar más lejos en la investigación.

Pero hay una línea que no debería cruzarse. Los acuerdos no pueden convertirse en una suerte de indulgencia plenaria para quienes confiesen sus crímenes y decidan colaborar. La devolución de bienes o de dinero obtenido de manera irregular es apenas un primer paso, no la totalidad de la sanción.

El país ya ha visto en el pasado a criminales confesos pavoneándose en abierta burla a la sociedad. Son los "delatores" en procesos en los que la cooperación terminó diluyendo responsabilidades. Si hubo delitos, si hubo perjuicio al Estado, alguna consecuencia penal debe existir. La colaboración puede atenuar la pena, pero no eliminarla. Dejemos de enviar mensajes equivocados.