República Dominicana ante los aranceles de Trump
La diáspora dominicana en Estados Unidos también paga la factura de Trump
Sin embargo, el aumento de los gravámenes hasta un 15 % —ahora bajo otros mecanismos legales— confirma una preocupante tendencia: la insistencia en una estrategia proteccionista que ignora tanto los límites constitucionales como sus consecuencias económicas reales.
El fallo del tribunal fue claro al establecer que el Ejecutivo se extralimitó al invocar poderes de emergencia en tiempos de paz para justificar aranceles generalizados. Lejos de corregir el rumbo, la respuesta ha sido rediseñar la vía jurídica para sostener la misma política. Esto no solo debilita la institucionalidad estadounidense, sino que envía una señal inquietante a sus socios comerciales: las reglas pueden cambiar unilateralmente, incluso cuando existen acuerdos vigentes.
Para la República Dominicana, el impacto es directo, perjudicial y profundo.
Sectores clave como las zonas francas, los dispositivos médicos, el tabaco y los textiles enfrentan ahora mayores costos para entrar al mercado estadounidense. Productos agrícolas dominicanos —aguacates, tomates, ajíes y pepinos— también pierden competitividad frente a países que logren absorber o evitar estas cargas. Como han señalado análisis económicos recientes, América Latina podría experimentar una reconfiguración comercial donde algunos países se beneficien marginalmente, pero otros —como la República Dominicana— enfrentan desventajas estructurales por su alta dependencia del mercado estadounidense.
Resulta particularmente contradictorio que se justifique esta política bajo el argumento de proteger la economía estadounidense, cuando en realidad impone una carga adicional tanto a socios estratégicos como a consumidores dentro del propio país.
La política arancelaria de Trump no solo desafía principios básicos del libre comercio, sino que también socava décadas de cooperación económica en el hemisferio. Persistir en aumentos de hasta un 15% tras un revés judicial no es una muestra de fortaleza económica, sino de obstinación política y falta de visión: empobrecer a los socios del hemisferio puede terminar incentivando nuevas olas migratorias hacia Estados Unidos.
En este contexto, urge una respuesta firme y estratégica. La República Dominicana debe defender los principios del comercio justo, diversificar sus mercados y apoyarse en mecanismos multilaterales.
Como presidente y fundador del Caucus de Amigos de la República Dominicana en el Congreso de EE. UU., y defensor del DR-CAFTA y de las relaciones bilaterales entre ambos países, actuaré con firmeza para que el Congreso estadounidense reafirme su rol en la supervisión de la política comercial, evitando que decisiones unilaterales continúen afectando a aliados confiables y a millones de consumidores, tanto dentro como fuera de Estados Unidos.
Miembro del Congreso de los EE.UU.