PN registra 53,877 órdenes de arresto pendientes por delitos como homicidios, robos y violencia intrafamiliar
EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – La Policía Nacional presentó este jueves una base de datos que registra 53,877 órdenes de arresto pendientes de ejecución contra personas requeridas por la justicia por distintos delitos, como violencia intrafamiliar, robos, agresiones físicas, agresiones sexuales, homicidios y delitos cibernéticos.
El dato fue ofrecido por el vocero de la Policía Nacional, coronel Diego Pesqueira, durante una rueda de prensa en la que participaron el director Central de Investigación (DICRIM), general Pedro Ignacio Matos Pérez; el subdirector, coronel Fulvio Grullón Penso y representantes de la Dirección Central de Transformación Digital de la institución.
Según la información presentada, 17,635 órdenes corresponden a casos de violencia intrafamiliar; 11,587, a robos; 5,951, a agresiones físicas; 4,018, a agresiones sexuales; 2,761, a delitos cibernéticos; 2,681, a homicidios, y 1,630, a amenazas, entre otras categorías.
Pesqueira explicó que la plataforma permite consultar fotografías, documentos de identidad, tribunales requirentes y los delitos asociados a cada orden, lo que facilita las labores de investigación y la coordinación con el Ministerio Público y demás instituciones del sistema de justicia.
Asimismo, fueron identificadas 73 personas con múltiples órdenes de arresto, algunas con más de 40 registros. Entre ellas figuran José Luis Mateo Medina, con 41 órdenes, y Julio Antonio Mejía Martínez, con 32. Además, otras 485 personas cuentan con más de cinco registros.
En cuanto a las órdenes por homicidio, la base registra 2,548 personas requeridas por este delito.
La Policía también informó que desde 2025 se han registrado 37 fugas de personas privadas de libertad, de las cuales 21 han sido reapresadas, 12 permanecen pendientes de captura y cuatro fallecieron en distintas circunstancias.
La institución reiteró que mantiene la búsqueda activa de las personas requeridas por la justicia, en coordinación con el Ministerio Público y otros organismos de seguridad del Estado.