El discurso penal de hoy

El jurista y maestro italiano Francesco Carrara fue el mayor representante de la escuela clásica del derecho penal y se destacó por mantener una férrea oposición a la pena de muerte. Una de sus frases más célebres reza: “... la insensata idea de que el derecho punitivo debe extirpar de la tierra todos los delitos lleva la ciencia penal a la idolatría del terror, y al pueblo, a la fe en el verdugo...”. A pesar de que vivimos en un Estado de derecho en el que operan garantías y derechos fundamentales a favor de los ciudadanos que acuden a la justicia, más rigurosas exigencias del debido proceso de ley, al parecer, esa declaración de derechos en la carta sustantiva de la nación se ha quedado en papel impreso y, a diferencia de otras naciones, no hemos logrado convertirla en una religión. El fenómeno delictivo es un tema muy preocupante, complejo y abarcador, con elevados niveles de violencia que se traducen en inseguridad, demandando una respuesta estatal integral, con especial atención en la prevención. Sin embargo, el tratamiento que se viene dando al tema ha potenciado la aplicación desmesurada de la ley penal, creando una crisis de legitimidad e imponiendo un discurso de política criminal fundado en la maximización del contraejemplo prisionizante. Por esa razón, hoy tenemos codificaciones endurecidas que suprimen garantías y prerrogativas que retrotraen el derecho penal a los excesos de las monarquías absolutistas. El discurso penal de hoy se orienta a la sensación mediática escandalizada que reclama más cárcel y penas más elevadas. Esta proclama social se transforma en leyes que aumentan el uso de la cárcel, se violan elementales principios del derecho penal y procesal penal y se sacrifican derechos de unos para proteger los de otros. En materia penitenciaria se desbordan los espacios de las prisiones con un número creciente de personas encarceladas disparando escandalosamente la ocupación carcelaria, creando un efecto dominó en los tribunales de justicia por estar llenos de casos que ralentizan el sistema, haciéndolo incapaz de responder oportunamente al ciudadano usuario, provocando el retardo procesal que vuelve la actividad de la justicia cada vez más demorosa. Esto se debe, en gran parte, a la ausencia de una política criminal que acentúe la aplicación de métodos alternativos de solución al conflicto y que sea capaz de reducir la judicialización de casos que, en muchas ocasiones, tienen salida fuera de los tribunales. Ahora bien, hemos hecho todo lo contrario, incurriendo en tres grandes errores, 1) aumento de la duración de las penas y reducción de las atenuantes; 2) limitación del uso de las salidas alternativas a la privación de libertad; y 3) modificación de las leyes procesales para aplicar indiscriminadamente la privación de libertad durante el proceso. Si bien la dialéctica de la modernidad demanda un derecho penal protector de bienes jurídicos, también es necesario que la política criminal estatal se ajuste a los parámetros constitucionales del debido proceso y la tutela judicial efectiva con un encuadre preventivo y garantista. Esta crisis de la política criminal se manifiesta en el desacertado enfoque punitivo o “política del garrote”, centrada exclusivamente en la prisión, que no es más que un espacio de no derechos; una estructura criminalizante que padece una creciente ineficacia resocializadora que sólo abona la predisposición a la reincidencia. Esta política fallida se caracteriza por la falta de sistematicidad, por sus respuestas reactivas a hechos mediáticos y el debilitamiento de garantías constitucionales al no poder responder eficazmente al fenómeno delictivo contemporáneo. En ese orden, en un Estado democrático de derecho, el discurso penal amerita una política criminal saludable, concebida en torno a la persona y su dignidad, procurando construir un modelo preventivo que priorice valores de justicia restaurativa sin olvidar a las víctimas y así evitar que la prisión continúe siendo la respuesta única frente a los comportamientos prohibidos. Contrario a lo sugerido por el derecho penal liberal, a la intervención mínima y a la fragmentariedad, estamos adoptando codificaciones de esencia punitivista y autoritaria y, al final del camino, el discurso expansivo penal generará más abusos y violaciones a los derechos fundamentales, aumentando las detenciones preventivas y el hacinamiento carcelario.