Conflictos de intereses bloquean información importante para la salud

A finales de 2024, el Ministerio de Salud Pública elaboró una resolución que reglamenta cómo debe llegar la información al consumidor, como medida de precaución para reducir la incidencia de las enfermedades crónicas no transmisibles.. Esa resolución duró más de un año en vistas públicas, para que sectores y personas interesadas opinaran con miras a un consenso y así construir una línea de base informativa destinada a reducir las enfermedades por las que muere el 70% de los dominicanos.. El antecedente fue una propuesta de ley de etiquetado entregada a los congresistas en septiembre de 2019. Luego vinieron tres eventos internacionales, auspiciados por la FAO y la OPS, con participación de organizaciones sociales que sostienen que el país necesita una política pública que reduzca la mortalidad asociada a falta de información sobre enfermedades prevenibles.. Según datos oficiales, siete de cada diez dominicanos fallecen por hipertensión, diabetes, cáncer de hígado, trombosis cerebral y enfermedad coronaria, neumonía, entre otras, muchas asociadas a obesidad y sobrepeso.. La resolución también surge de un compromiso del gobierno central, asumido cuando el ministro Daniel Rivera recibió a representantes de la OPS y la FAO, quienes se ofrecieron a cooperar para que el Etiquetado Frontal de Advertencia Nutricional (EFAN) se materializara en el país. . El ministro actual enriqueció la propuesta, con cooperación del Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá (Incap), órgano del SICA.. Todo 2025 fue de abogacía. Dominicana Saludable -un colectivo integrado por sociedades médicas especializadas, como Cardiología, Neumología, Nutrición y Pediatría- y entidades de la sociedad civil, como el Observatorio Nacional para la Protección del Consumidor (Onpeco), sostuvieron la presión técnica, mediática y ciudadana en apoyo a la disposición del Ministerio de Salud.. Los días 19 y 20 de noviembre se celebró en el país un gran evento sobre el tema, con el Mispas como anfitrión. Muchos pensamos que la resolución saldría al cierre de 2025. ¡Oh, sorpresa! Al inaugurarse 2026, se indagó el destino de la resolución y desde el Ministerio de Salud se informó que reposa en el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes.. Ahí entra el conflicto de intereses. ¿Qué tiene que ver Industria y Comercio con un tema estrictamente de salud pública? La norma busca advertir sobre riesgos nutricionales, no negociar mercados. Cuando la salud se sienta en la misma mesa que el negocio, el resultado tiende a diluirse.. La salud pública es un deber constitucional. La administración está obligada a proteger a la ciudadanía garantizando el derecho a la salud y el derecho a la información. El Estado regula para proteger, no para complacer al más fuerte.. La industria y el comercio merecen protección, pero sin desmedro de la salud. Para eso existen ambos ministerios, con responsabilidades distintas. Salud Pública tiene un mandato directo sobre la vida y el bienestar, con impacto mayor en los sectores más vulnerables. Industria y Comercio tiene su espacio garantizado por leyes especiales que le dan sostenibilidad.. Por eso, el Ministerio de Industria y Comercio debe devolver a Salud Pública el reglamento. De lo contrario, se diluye una iniciativa que permite ejercer el derecho a la información de todos los dominicanos. Lo correcto es aprobarlo, publicarlo y calendarizar su implementación, con campañas educativas y supervisión real. Cada mes de demora se traduce en más consumo desinformado, más enfermedades prevenibles, más muertes innecesarias y más gasto familiar.