Cuando pretendieron comerme vivo
El contexto: tres presiones convergentes en 2014
A comienzos de 2014 el aire en Santo Domingo tenía la densidad de los días en que la historia se vuelve personal. No era un conflicto cualquiera ni una polémica pasajera: era la sensación, cada vez más visible, de que fuerzas externas e internas se conjugaban para empujar a la República Dominicana hacia una redefinición profunda de su identidad constitucional, cultural y demográfica. Y en medio de ese vendaval, quienes defendíamos el orden jurídico de la Nación nos convertimos en blancos visibles de una tormenta cuidadosamente alimentada desde múltiples frentes.
Todo había comenzado meses antes, en 2013, cuando el Tribunal Constitucional dominicano dictó su famosa Sentencia 168-13.
Aquella decisión, que se insertaba en una larga historia jurídica sobre la nacionalidad y la migración irregular en el país, no fue leída en el exterior como un acto soberano de interpretación constitucional, sino como una afrenta ideológica que debía ser combatida.
De pronto, el pequeño país caribeño que había sido durante siglos crisol de razas, frontera histórica y laboratorio de convivencia, fue presentado en ciertos foros internacionales como una anomalía moral del hemisferio.
Las críticas no se limitaron a informes técnicos o análisis jurídicos. Vinieron acompañadas de una ofensiva cultural que tenía la fuerza simbólica de los nombres consagrados. Entre ellos, el de Mario Vargas Llosa, quien desde tribunas prestigiosas arremetió contra lo que consideraba una deriva nacionalista dominicana. Aquellos textos, repetidos y amplificados por medios internacionales, no solo cuestionaban una decisión constitucional, sino que insinuaban que el país debía someter su tradición jurídica y cultural a un nuevo canon moral global. Las críticas alcanzaron incluso al Cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez, quien había defendido públicamente la soberanía dominicana y la continuidad histórica de sus valores culturales. De ese modo, la polémica dejó de ser un debate jurídico para convertirse en un enfrentamiento simbólico entre dos visiones del mundo: una que partía de la soberanía constitucional de los Estados y otra que pretendía subordinarla a nuevas corrientes ideológicas transnacionales.
En paralelo, otro hecho cargado de significado político alteró el clima nacional: la designación del embajador estadounidense James "Wally" Brewster. Su llegada no fue percibida únicamente como un nombramiento diplomático ordinario, sino como un gesto político de la administración de Barack Obama —con Joe Biden como vicepresidente— en un momento en que Estados Unidos promovía activamente una agenda global de derechos civiles vinculada al matrimonio igualitario y a la redefinición cultural de la familia.
En sí mismo, el nombramiento no era un problema institucional; lo que generó inquietud fue la posibilidad de que desde la sede diplomática se ejerciera presión para influir en debates que pertenecían al ámbito exclusivo de la soberanía dominicana.
Fue en ese contexto cuando pronuncié, el 14 de febrero de 2014, mi respuesta al embajador Brewster. No hablaba como polemista ni como agitador, sino como diplomático y ciudadano que había jurado fidelidad a la Constitución de la República Dominicana.
Recordé entonces que nuestra Carta Magna protege la vida desde la concepción hasta la muerte natural y define el matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer, en consonancia con nuestra tradición jurídica y cultural.
Señalé que la laicidad del Estado dominicano, establecida desde la Constitución de 1963 y reafirmada en la de 2010, no implicaba el desconocimiento de las raíces cristianas que habían modelado nuestra historia. Y subrayé, sobre todo, que el principio de igualdad soberana de los Estados —consagrado en el derecho internacional— obliga tanto a las grandes potencias como a los pequeños países a respetar la cultura, las tradiciones y el ordenamiento jurídico de cada nación.
Aquellas palabras desataron reacciones intensas. Se multiplicaron los artículos, los