No a acciones directas de civiles “justicieros”

Tras ser fundada la república y la sociedad dominicana reforzar en notable proceso civilizador un Estado de derecho devenido por legítima delegación a asambleístas, quedó superada lo que se da en llamar “ley de la selva”, la que en ocasiones se pretende aplicar a modo de pobladas para sustituir el debido proceso que delibera y juzga comportamientos humanos que parezcan atentar contra vidas, patrimonios o la convivencia. La integridad de la soberanía, el honor de la patria y las restricciones legales a la presencia irregular de ciudadanos de procedencia externa no necesitan de turbamultas para ser defendidos; ¿o es que se duda que el país en lo fundamental –aunque hechos aislados lo nieguen- está regido por un ordenamiento jurídico de toda legitimidad y respaldado por la mayoría de sus ciudadanos? Ningún conglomerado de armas tomar y carencia de poder republicano puede asumir persecuciones, con riesgos de caer en vías de hecho, contra individuos o colectividades que por alguna razón hayan sido puestos en la mira de la opinión pública como transgresores de las normas de Estado.. La propalación “inorgánica” del “ultimátum” de una entidad que milita con dureza contra la presencia de inmigrantes haitianos en específico para que abandonen en un plazo de 15 días un lugar del municipio de Santo Domingo Este ha recibido una adecuada respuesta de las autoridades: solo ellas tienen potestad legal para ejecutar operativos migratorios y deportaciones y desde el espectro ciudadano mismo, las acciones del aludido grupo han sido vistas como una promoción de políticas de odio, xenofobia y discriminación.. Sin recibir ayudas extraoficiales ni recurriendo a excesos de poder –como a veces se alega sin objetividad desde el exterior- y con sujeción a códigos nacionales e internacionales, la Dirección General de Migración DGM envió a su lugar de origen a 379,000 haitianos en situación irregular en el año 2025. Debería sobrar (y nadie puede alegar ignorancia de los mandatos de la ley) que todas las políticas del Estado están basadas en la Ley General de Migración. ¡Cambio y fuera!