Una amenaza que no conoce fronteras

Con justificada alarma, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) ha denunciado la elevada participación de niños haitianos en las bandas terroristas que asuelan a ese país. No se trata, lamentablemente, de un fenómeno inédito en el mundo. Los niños, por su vulnerabilidad y maleabilidad, han sido siempre un blanco fácil y funcional para las estructuras del crimen organizado. Tradicionalmente, se les ha reclutado para tareas como el microtráfico de drogas, el traslado de materiales ilícitos, la ejecución de robos callejeros o residenciales, e incluso para labores logísticas al servicio de sicarios. Sin embargo, lo más inquietante del caso haitiano es que los menores no se limitan a tareas secundarias, sino que son incorporados como agentes activos de los grupos armados. Allí reciben adiestramiento en el manejo de armas de fuego y son utilizados como vigilantes o informantes en operaciones de alto riesgo. Esta dolorosa realidad no es exclusiva de Haití. En otros países latinoamericanos se han documentado verdaderos ejércitos de menores de edad integrados a estructuras delictivas. La pregunta para la República Dominicana es si estamos preparados para evitar que esta crisis desborde nuestras fronteras. No es para llevarse las manos a la cabeza, pero sí de encender las alertas. Ya existen indicios de que algunas pandillas juveniles locales —dedicadas al atraco o a los enfrentamientos violentos— ven en los menores un botín útil para el reclutamiento. En razón de esta peligrosa realidad de Haití, las autoridades dominicanas tienen la obligación de afinar los controles migratorios y la vigilancia en la zona fronteriza. No solo tenemos la responsabilidad de gestionar la migración irregular, sino de impedir que, bajo la apariencia de niños inofensivos o en condición de vulnerabilidad, se cuelen en el país menores que ya han sido adiestrados para la violencia. Estos pequeños sicarios, endurecidos por el conflicto y entrenados para moverse en la clandestinidad, representan un riesgo silencioso pero letal. Prevenir que la tragedia haitiana se convierta en un factor de descomposición social en la República Dominicana no es solo un asunto de seguridad, es también una cuestión de humanidad y de responsabilidad institucional.