Ejecuciones y complicidad
Las ejecuciones extrajudiciales y la fragilidad del Estado de derecho
La preocupación expresada por el exprocurador Francisco Domínguez Brito no es una voz aislada ni un exabrupto político. Se suma a otras, igualmente autorizadas, que desde hace tiempo advierten sobre un fenómeno alarmante: las ejecuciones extrajudiciales se han instalado como una práctica recurrente. La Policía, llamada a proteger la vida, parece haberse convertido en una máquina de muerte que opera con una lógica de impunidad.
Las denuncias del Defensor del Pueblo, del PLD y de organizaciones de derechos humanos apuntan a muertes evitables, presentadas bajo fachadas de supuestos intercambios de disparos que no resisten el más mínimo análisis. Versiones oficiales frágiles, expedientes incompletos y una preocupante normalización de la violencia estatal terminan por vaciar de contenido el debido proceso.
No hay seguridad posible donde la ley se aplica con el gatillo y no con el rigor de la justicia. Cada ejecución extrajudicial hiere de muerte la credibilidad del Estado de derecho.
Frente a este escenario, resulta inquietante la falta de una actitud firme y sostenida del Ministerio Público. Investigar, acusar y sancionar no es una opción política, sino una obligación constitucional. Mientras persista la tolerancia, explícita o tácita, a estas prácticas, la justicia seguirá siendo una promesa incumplida y la autoridad, una amenaza.
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