Los derechos humanos, ante todo

Durante décadas, las cárceles dominicanas han simbolizado la más alta expresión de la degradación de los derechos humanos. Quienes han delinquido y se encuentran tras las rejas no solo padecen privaciones extremas, sino también torturas físicas y psicológicas. Lejos de propiciar condiciones para la regeneración, esos recintos se han convertido —como certeramente se ha dicho— en escuelas de la delincuencia, y así se explica que muchos reincidan una vez recuperan la libertad. Ahora, con la decisión del Ministerio de Justicia de instalar unidades de defensa de los derechos humanos en cada cárcel, se da un paso decisivo para erradicar la cultura de atropellos. Igualmente relevante es la creación de un subsistema de vigilancia y promoción de esos derechos en sentido amplio. Esto significa que el Ministerio de Justicia tendrá entre sus competencias, además de la prevención del delito, la Defensoría Nacional de Derechos Humanos, instancia que actuará como ente rector de las organizaciones no gubernamentales abocadas al mismo fin. En pocas palabras, se trata de una estructura que obligará a todos los Gobiernos a actuar como garantes de las potestades que la Constitución concede a cada ciudadano, incluso a quienes han delinquido. El fomento de esta cultura de respeto puede contribuir, además, a blindar al país contra las interesadas imputaciones de que las violaciones a los derechos humanos son sistemáticas e indiscriminadas. La instalación de estas unidades de derechos humanos en las cárceles refuerza la política de modernización y humanización de las mismas.