Correcta posición del gobierno
El pasado 06 de febrero, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reiteró “su preocupación por la adopción de políticas migratorias que podrían afectar considerablemente el ejercicio de derechos de las personas en movilidad en la República Dominicana, y llama al Estado a revisar su marco normativo desde un enfoque interseccional de derechos humanos”, y demás yerbas aromáticas. A medio camino entre la fábula y el panfleto, el comunicado reitera afirmaciones que no aguantan el rasero del análisis objetivo. De entrada, llama la atención el peso probatorio otorgado por la CIDH a lo dicho por “organizaciones de la sociedad civil” innominadas, sin mencionar naturaleza, intereses y análisis de capacidades; privilegiándolas sobre declaraciones y estadísticas oficiales ofrecidas por el Estado dominicano, invirtiéndose la carga probatoria. Decir que “personas migrantes no estarían recibiendo la atención médica que necesitan debido al temor de ser expulsadas” es tergiversar la verdad. En los hospitales del Servicio Nacional de Salud (SNS), donde se aplican los protocolos, la condición migratoria no es requisito para la obtención de servicios de salud, y ni siquiera lo es no contar con seguro de salud o dinero. Decir que los centros de procesamiento de migrantes gestionados por la Dirección General de Migración (DGM) están en “condiciones deplorables e incompatibles con su dignidad”, no resiste un análisis visual. La correlación entre los cientos de miles de deportados y la ocurrencia de escasos, puntuales y aislados casos trágicos donde personas se han visto involucradas en situaciones lamentables, configuran los casos como excepciones a una regla que se cumple a cabalidad. El respeto a la dignidad del migrante indocumentado se garantiza. Claro que hay hacinamiento y limitaciones, pero más debido a restricciones presupuestarias derivadas de gestionar volúmenes extraordinarios de migrantes con recursos limitados, que a una decisión de política pública. Haría bien la CIDH en leerse el artículo 11 de la Constitución haitiana para que entienda que no hay apatridia posible cuando uno de los padres de un deportado es haitiano, y que toda deportación es lícita cuando no se puede probar la nacionalidad dominicana, ni la legalidad del estatus migratorio. La política migratoria de un Estado es expresión de su soberanía y autodeterminación, y hace bien el gobierno en recordar a la CIDH que “Ningún Estado puede ser obligado a asumir la protección o provisión de servicios de la población de otro Estado ante el colapso del segundo”. Hacerlo equivaldría a un acto de suicidio colectivo irresponsable, y si otros países quieren hacerlo, allá ellos, están en su derecho, pero ningún país, órgano o comisión está en el derecho de imponernos cargas imposibles de cargar, so pena de destruir la nación dominicana. Hace bien el gobierno en rechazar la imposición del principio de no devolución y continuar implementando una política de deportaciones ordenada y respetuosa de los derechos humanos de los migrantes, pero firme y sin dobleces a la hora de defender la soberanía nacional y la supervivencia del Estado dominicano.