El país trazó su línea roja

El Gobierno dominicano ha trazado una contundente línea roja en su política migratoria, al rechazar las múltiples presiones foráneas para abrir la frontera a la inmigración haitiana. Las más insistentes y absurdas han sido las de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, a las que acaba de responderles con irrebatibles argumentos jurídicos y de carácter constitucional vía la Cancillería. En pocas palabras, la CIDH ha exigido al gobierno del presidente Luis Abinader que cumpla con “su obligación de respetar el principio de no devolución de migrantes a países donde su vida esté en riesgo.” Si bien es cierto que se trata de una premisa general, la CIDH pretende que la norma aplique a los haitianos que huyen, lo cual equivaldría a convertir al país en un vasto campamento de refugiados haitianos. En un contexto de persistente tráfico ilegal de haitianos, donde cada día se interceptan grupos que cruzaron la frontera sin permiso, la República Dominicana ha dicho tajantemente que rechaza esa pretensión. Esa es una línea roja que nunca antes se había declarado de la forma robusta y responsable con que lo acaba de hacer el gobierno del presidente Abinader. Esta es una línea roja decisiva, pues el país no admite, según el comunicado de la Cancillería, que haya divorcio entre la innegociable aplicación de sus leyes migratorias y su respeto a los derechos humanos de los inmigrantes. Con bastante claridad, el país también ha dicho que no hay solución dominicana a la crisis de Haití. Y que esa crisis es la que ha producido una carga desproporcionada de inmigrantes que ya es intolerable seguir soportando. “Ningún Estado puede ser obligado a asumir la protección o provisión de servicios de la población de otro Estado ante el colapso del segundo”, ha dicho la Cancllleria. Esta posición está más que justificada si se toma en cuenta que la guerra intestina entre bandas armadas y los poderes facticos en Haití, es una amenaza a la seguridad nacional. Y en un contexto así, es impensable que abramos la frontera, ignorando nuestras leyes migratorias, a presuntos refugiados haitianos, a los que tendríamos que alimentar y proteger en nombre del respeto a unos derechos humanos que ni siquiera Haiti se los garantiza. En el manejo de la crisis haitiana, el presidente Abinader ha sido uno de los más consistentes propulsores de una acción multilateral para devolver la paz y el orden a Haití. Y en esa tesitura no solo ha logrado un consenso histórico de unidad política con los expresidentes vivos, sino que ha desplegado su discurso en todos los ámbitos mundiales. Su marco de políticas migratorias se concatena con esta postura que, en el fondo, representa una legítima y relevante defensa de la soberanía nacional, por encima de todas las presiones e injerencias.