Falcondo pierde concesión minera tras casi 70 años: ¿qué incumplió y qué pasará con las 22,392 hectáreas?
Tras casi siete décadas de concesión minera, el Tribunal Superior Administrativo (TSA) puso fin a los contratos suscritos entre el Estado dominicano y Falconbridge Dominicana, S.A. (Falcondo). Esto se debió al incumplimiento de obligaciones esenciales en la explotación de los yacimientos de Quisqueya I y una extensión de 22,392 hectáreas entre La Vega y Monseñor Nouel.
La sentencia emitida el 12 de agosto de 2026 con el núm. 0030-03-2026-SSEN-00332, consideró acreditados incumplimientos relacionados con la explotación de los recursos mineros, obligaciones económicas y laborales y la entrega de información técnica requerida por la legislación.
Concesión y explotación
Según datos de Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI) Falconbridge se estableció en el país en el año 1955 y obtuvo la concesión Quisqueya No. 1 para la exploración y explotación de minerales.
Los documentos oficiales indican que la concesión original abarcaba un área mucho mayor y estaba destinada a la explotación de níquel, cromo, cobalto, hierro y minerales asociados. Posteriormente, mediante el convenio suplementario de 1969 y otros instrumentos jurídicos, el área y las condiciones de explotación fueron modificadas.
La Dirección General de Minería registra a Quisqueya I como una concesión de explotación de ferroníquel. La documentación histórica del Ministerio de Energía y Minas explica que la concesión original de 1955 tenía 79,040 hectáreas y que en 1969 fue dividida, dando lugar a diferentes áreas y bloques mineros.
¿Qué incumplió Falcondo?
El TSA identificó varios incumplimientos que, en conjunto, consideró suficientemente graves para terminar los contratos:
1. Paralización de la explotación.
Una certificación de la Dirección General de Minería estableció que las operaciones productivas de Quisqueya I estaban detenidas desde el 17 de noviembre de 2023. El tribunal entendió que una concesión minera tiene como finalidad precisamente permitir el aprovechamiento efectivo de los recursos otorgados por el Estado.
2. Falta de informes semestrales de progreso.
Falcondo no presentó los informes semestrales correspondientes a los años 2023, 2024 y 2025, documentos exigidos por la legislación minera para que las autoridades puedan fiscalizar la actividad concesionada.
3. Falta de informes anuales de operaciones.
Tampoco fueron entregados los informes anuales de operaciones correspondientes a 2023 y 2024. La Ley Minera 146-71 establece obligaciones de información periódica para los concesionarios.
4. Incumplimientos económicos y laborales.
El tribunal también consideró acreditadas obligaciones económicas y laborales pendientes dentro del conjunto de incumplimientos que motivaron la terminación de los contratos.
Cabe destacar que la legislación minera establece, además, que la falta de determinadas obligaciones como el pago de la patente minera, regalías o la presentación reiterada de informes puede constituir causa de caducidad de una concesión.
¿Las 22,392 hectáreas regresan automáticamente al Estado?
La Ley 146-71 establece que los derechos sobre las concesiones pueden extinguirse por vencimiento, renuncia, nulidad o caducidad. Cuando una concesión se extingue, el área queda disponible para que la autoridad minera determine su situación conforme al marco legal aplicable.
Esto quiere decir que las 22,392 hectáreas sigue siendo propiedad de Falcondo, sin embargo, pierden el derecho de explotación minera. Los recursos minerales del subsuelo están sometidos al régimen minero estatal y cualquier nuevo aprovechamiento requiere cumplir con el procedimiento establecido por la legislación.
Por otra parte, la terminación de la concesión no elimina las obligaciones ambientales generadas durante décadas de explotación.
La Ley 64-00 sobre Medio Ambiente establece que los concesionarios mineros deben disponer adecuadamente de los materiales de desecho y rehabilitar las áreas degradadas por su actividad, así como los ecosistemas vinculados que hayan resultado afectados.
Por tanto, el fin de la concesión no significa que Falcondo quede liberada automáticamente de responsabilidades por daños ambientales atribuibles a sus operaciones.
Crisis operativa
La resolución judicial se produce en paralelo a una crisis operativa caracterizada por el cese de funciones sin un plan de cierre, lo que generó la desvinculación de más de 900 trabajadores en 2024 mediante la intervención del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper) y para marzo del 2026 un grupo posterior de exempleados había quedado fuera de la nómina y mantiene reclamaciones laborales que superan los 300 millones de pesos.