La riqueza que no llega

La República Dominicana ha demostrado su capacidad para generar riqueza a través de la minería, pero aún enfrenta el desafío de convertir esa riqueza en un desarrollo territorial sostenible. A pesar de la producción significativa del sector, muchas comunidades que se benefician de esta actividad continúan enfrentando carencias. Esta situación plantea interrogantes que no solo deben ser dirigidas a las empresas mineras, sino también al Estado, los gobiernos locales y las instituciones encargadas de gestionar los recursos. Un claro ejemplo de esta brecha es el 5% de las ganancias destinadas a los municipios afectados, que a menudo carece de un destino verificable y de una planificación adecuada. La discusión sobre una nueva Ley Minera está en marcha, y el Gobierno ha presentado un borrador que será analizado por el Congreso. Sin embargo, es crucial que esta conversación incluya un marco jurídico e institucional que garantice una transformación real en los territorios. La experiencia de países como Canadá y Australia, que han logrado un manejo responsable de la minería, demuestra que el éxito no solo depende de los recursos naturales, sino de la calidad de las instituciones que administran esos recursos. La gran pregunta que enfrenta la nación no es solo si se desea minería, sino si se tiene la capacidad de gestionar de manera inteligente y honesta la riqueza que esta genera.