Sentencia del TSA ordena la reducción del Parque Nacional Jaragua
El tribunal favoreció a los herederos de Elías Gadala-María, cuyas tierras fueron expropiadas
Medio Ambiente informó que recurrirá la sentencia y advirtió pone en riesgo el Sinap
La reducción del Parque Nacional Jaragua para crear el Polo Turístico de la Región Suroeste ha provocado un conflicto judicial entre el Estado y presuntos propietarios de terrenos situados dentro del área protegida, cuyo resultado puede abrir paso a la explotación comercial de la zona.
El expresidente Hipólito Mejía promulgó la Ley 266-04 cuatro días antes de dejar el poder para establecer un polo turístico en Barahona, Pedernales, Independencia y Bahoruco.
Emiten sentencia que ordena modificar límites del Parque Nacional Jaragua; Medio Ambiente la rechaza
El polo incorpora tierras que habían sido incluidas en el Parque Nacional Jaragua mediante la Ley Sectorial de Áreas Protegidas (202-04), también firmada por Mejía dos meses antes.
Basados en esa normativa, la empresa Inversiones del Sur reclamó ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA) el derecho de propiedad sobre la porción de sus terrenos que se adentran en el parque. Para ello presentó cuatro títulos que abarcan una superficie de 12,577,201.82 metros cuadrados.
Su intención es "ofrecer libremente en el comercio sus inmuebles beneficiados por la Ley 266-04".
El TSA favoreció la solicitud y ordenó al Ministerio de Medio Ambiente actualizar el Catastro Nacional de Áreas Protegidas de la Región Sur, lo que conlleva la modificación de los límites del parque y la exclusión y posible uso empresarial de toda su franja marítima.
La empresa
El gerente de Inversiones del Sur es Ricardo Alfredo Gadala-María Nasser, sucesor de Elías Gadala-María, cuyas propiedades fueron expropiadas por el Estado tras la caída de Rafael Leónidas Trujillo. Gadala-María impugnó dichas confiscaciones en un litigio judicial que se prolongó durante años.
El ambientalista Luis Carvajal denunció que la sentencia de 2025 no es un hecho aislado; es el último eslabón de una cadena de intentos de la familia Gadala-María Nasser y su empresa Inversiones del Sur para materializar el despojo de tierras públicas.
Impugnarán
Medio Ambiente informó que recurrirá la sentencia y advirtió que "este precedente pone en riesgo la integridad del Sistema Nacional de Áreas Protegidas".
Los abogados de la institución argumentaron ante el tribunal que para modificar la extensión de un parque nacional se requiere una ley orgánica aprobada por las dos terceras partes de los legisladores. La diferenciación entre leyes ordinarias y orgánicas fue introducida con la reforma constitucional del 2010.
El exministro de Medio Ambiente, Francisco Domínguez Brito, advirtió que la sentencia podría servir para validar antiguas pretensiones de apropiación irregular de terrenos dentro de áreas protegidas.
El exfuncionario calificó la decisión como una "sentencia temeraria" y alertó que abre un precedente, al debilitar la integridad del Sinap y exponer ecosistemas estratégicos a presiones económicas y a intereses particulares.
Periodista y escritor. Egresado de la UASD, con una trayectoria en prensa televisiva y varios medios impresos.