Estrategia comunicacional: cuando las deportaciones de haitianos se convierten en espectáculo

Cuando la política pública se comunica como espectáculo, la soberanía deja de ser fortaleza y pasa a convertirse en vulnerabilidad

El balance diario, semanal, mensual y anual de deportaciones de haitianos en condición migratoria irregular, convertido en la carta de presentación de la política migratoria del Gobierno del presidente Luis Abinader a través de la Dirección General de Migración, lejos de fortalecer la imagen de soberanía y autoridad del Estado, corre el riesgo de transformarse en un bumerán que erosione la credibilidad del país en el escenario internacional.

Cuando la política pública se comunica como espectáculo, la soberanía deja de ser fortaleza y pasa a convertirse en vulnerabilidad. Bajo esa lógica, la política migratoria y su estrategia comunicacional parecen diseñadas para presentar como principal, y casi único, logro la repatriación de personas en condición migratoria irregular. La exhibición rutinaria de balances puede generar aplausos internos, especialmente en un contexto donde se ha instalado un sentimiento antihaitiano alimentado desde la prédica política, pero simultáneamente proyecta hacia el exterior una imagen de insensibilidad frente a la crisis humanitaria que empuja a miles de personas a emigrar.

Enfoque en deportaciones y su impacto

La opinión pública, tanto nacional como internacional, percibe estas deportaciones como desproporcionadas, pues pareciera que en la República Dominicana los únicos extranjeros en condición de ilegalidad son los haitianos. Esa focalización exclusiva proyecta una imagen de selectividad y trato discriminatorio que alimenta críticas y refuerza la percepción de que la ley se aplica con un sesgo étnico y político.

Cuando la comunicación se convierte en espectáculo

Una estrategia comunicacional, por definición, debería orientar la opinión pública y consolidar la legitimidad de las acciones de un gobierno tanto a nivel interno como externo. No obstante, cuando esa estrategia se reduce a la difusión sistemática de cifras de deportados presentadas como logros trascendentes de la política migratoria, el mensaje deja de ser institucional y se convierte en evidencia de un trato desigual hacia una población específica, con el consecuente costo político y diplomático que ello implica.

La política migratoria y su comunicación parecen haber sido diseñadas para mostrar resultados rápidos y visibles, aun cuando esos resultados no reflejan una gestión integral del fenómeno migratorio. La exhibición rutinaria de balances puede resultar rentable en términos de opinión pública interna, pero proyecta hacia el exterior una imagen de criminalización de la pobreza y de la vulnerabilidad humana.

Consecuencias de una política mal comunicada

Esa percepción no solo deteriora la imagen del país, sino que también debilita su voz en foros internacionales. Mientras la República Dominicana insiste en que la crisis haitiana requiere soluciones multilaterales, la insistencia en deportaciones masivas, comunicadas como espectáculo, la coloca en una posición defensiva frente a organismos internacionales y gobiernos aliados.

El costo de una política mal comunicada

Además, el énfasis casi exclusivo en los balances de deportaciones desvía la atención de otras funciones esenciales de la gestión migratoria, como la lucha contra el tráfico de personas, el fortalecimiento de mecanismos de regularización y la protección de derechos humanos. Al reducir la política migratoria a estadísticas, se debilita la institucionalidad y se coloca al país en una posición vulnerable ante la mirada internacional.

Urgencia de un cambio de enfoque

La verdadera defensa de la soberanía no se mide en números inflados de deportaciones, sino en una gestión integral, transparente y coherente con la dignidad humana. Reforzar la frontera y aplicar la ley son tareas legítimas, pero deben ir acompañadas de una comunicación responsable que proyecte al país como un Estado serio, comprometido con la convivencia y el respeto, no como un ejecutor de medidas que humillan a los más vulnerables.