JCE excede su facultad con encuestadora
La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) advirtió ayer que la Junta Central Electoral (JCE) no tiene facultad legal para inhabilitar o suspender empresas encuestadoras (con plazos de 6 meses a 1 año) mediante regulaciones administrativas.. Además, dijo que el órgano electoral tampoco puede sancionar a una persona o entidad (de 6 meses a un año), por el solo hecho de estar vinculada a una encuesta o su contenido, sin demostrar su autoría o intervención directa.. Afirmó que si el organismo electoral considera indispensable endurecer o ampliar el catálogo de penalizaciones a las encuestadoras, “debe encausar una iniciativa legislativa para que sea el Congreso quien legisle al respecto”.. La entidad de la sociedad civil hizo su advertencia a través de su vocero, Servio Tulio Castaños Guzmán, al fijar su posición ante el debate jurídico surgido en torno al régimen sancionador de la JCE frente a la publicación de las encuestas electorales.. Resaltó que los artículos 40.15 y 69.7 de la Constitución; y 4 de la Ley 107-13 de Procedimiento Administrativo, establecen que “solo una norma con rango de ley puede definir faltas administrativas e imponer cargos”.. Agregó que, además, la Ley 20-23 Orgánica del Régimen Electoral “únicamente establece la prohibición de publicar y difundir sondeos dentro de los ocho (8) días anteriores a las elecciones”, dejando abierta la publicación fuera de ese período.. Castaños Guzmán sostuvo que “exceder ese marco legal vulnera el debido proceso y la seguridad jurídica del Estado de Derecho”.. la investigación de la JCE. En un comunicado reciente emitido a través de la secretaría general, la JCE inició formalmente el procedimiento administrativo sancionador electoral contra la empresa AC Media, con una investigación sobre la divulgación de dos encuestas sobre la intención del voto y el índice de simpatía partidaria publicada entre en junio del año en curso, de cara a las elecciones presidenciales del año 2028.. La medida de la JCE se enfoca en dicha empresa encuestadora para determinar el grado de participación, la responsabilidad y la autoría respecto a la publicación y la difusión de los resultados de dichos estudios.