Henry Molina: “La independencia de los jueces es un derecho de la gente”
En medio del debate público por los procesos judiciales que involucran a exfuncionarios, el presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Luis Henry Molina, sostuvo este martes que la independencia de los jueces es un derecho de la ciudadanía y no un "favor" del poder. “El juez tiene que entender, y lo entiende, que su independencia es un derecho para el ciudadano. Garantizar ese derecho es fundamental para que haya un Estado social y democrático de derecho, basado en el respeto y cumplimiento de la ley”, afirmó el magistrado. Molina aseguró que en la República Dominicana ningún juez recibe llamadas ni instrucciones para decidir un caso, ni siquiera desde la propia Suprema Corte. “Nadie le puede decir a un juez cómo fallar. Yo, como presidente, nunca he llamado a un magistrado para influir en una sentencia”, aseveró. Durante el almuerzo mensual de la Cámara Americana de Comercio (AMCHAMDR), Molina defendió la fortaleza del sistema judicial dominicano frente a las crisis que atraviesan otros países de la región. Reconoció que pueden surgir casos aislados de mala conducta, pero descartó un colapso institucional. “Puede haber casos, no digo que no. Hoy mismo, en un país sudamericano, procesan a una exjueza de la Suprema Corte. En República Dominicana eso no pasa”, aseguró. Indicó que estudios como el World Justice Project y el Latinobarómetro reflejan un aumento de la confianza en el Poder Judicial, pasando del 21 % en 2019 al 41 % en 2025. El presidente de la SCJ explicó que el ingreso a la carrera judicial es estrictamente por concurso público. Detalló que, de unos 800 aspirantes por convocatoria, solo logran ingresar entre 12 y 15 personas tras tres años de preparación y formación en la Escuela Nacional de la Judicatura. “Casi el 70 % de los integrantes del Poder Judicial ha pasado por este proceso de selección”, subrayó. Además, enfatizó que los ascensos se rigen por el escalafón, lo que impide decisiones discrecionales: “Ni el presidente de la Suprema ni la propia Corte pueden señalar a dedo quién va a subir”. Molina destacó avances significativos en la mora judicial, un problema histórico del sistema. Relató que, al asumir el cargo, algunos expedientes databan de 1982 y el 90 % de los casos tardaba más de un año en fallarse. “Hoy esa realidad cambió. En materias civil y comercial, claves para el clima de inversión, el 90 % de los casos se resuelve en cuestión de meses”, concluyó, señalando que esta disciplina judicial ya impera en más del 80 % de los tribunales del país.