JCE abre proceso sanción a ACD Media por difusión encuestas
SANTO DOMINGO.- La Junta Central Electoral (JCE) inició un procedimiento administrativo sancionador contra la firma encuestadora ACD Media, S.R.L., por la presunta publicación y difusión de encuestas con contenido electoral fuera del período permitido por la normativa vigente.
La medida fue adoptada por la Unidad de Sanciones Administrativas Electorales y Medidas Cautelares, luego de que el Pleno de la JCE autorizara una investigación sobre dos estudios de opinión atribuidos a la empresa.
El periódico Diario Libre señala este jueves que publicó dichas encuestas el 1 de junio y el 13 de julio y que las mismas incluían datos sobre simpatía partidaria, intención de voto y preferencias presidenciales con miras a las elecciones de 2028.
De acuerdo con la JCE, ambas mediciones fueron divulgadas después de la entrada en vigencia del Reglamento sobre Encuestas, aprobado en mayo de 2026, pero antes del inicio del período oficial de precampaña, etapa en la que estaría autorizada la difusión de este tipo de estudios.
EMPRESA TENDRÁ 10 DÍAS PARA DEFENDERSE
El artículo 13 del reglamento establece la prohibición de publicar encuestas con fines electorales fuera de los plazos establecidos. Como sanción, la normativa contempla la suspensión temporal del registro de la firma encuestadora por un período de seis meses a un año, mientras que la cancelación definitiva aplicaría en caso de reincidencia.
La JCE aclaró que los cargos formulados contra ACD Media tienen carácter provisional y que durante la investigación determinará el nivel de responsabilidad de la empresa en la elaboración, autorización y divulgación de los estudios.
La firma dispone de un plazo de 10 días para presentar sus argumentos de defensa.
DEBATE SOBRE ALCANCE DEL REGLAMENTO
El proceso se desarrolla en medio de cuestionamientos al reglamento aprobado por la JCE. La Ley 20-23 de Régimen Electoral solo establece restricciones para la publicación de encuestas durante los ocho días previos a las elecciones y hasta cinco horas después del cierre de las votaciones.
Organizaciones como la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) y Participación Ciudadana han señalado que la prohibición de difundir encuestas antes de la precampaña podría carecer de sustento legal y afectar el derecho constitucional a informar y recibir información.
El Tribunal Superior Electoral (TSE), tras conocer recursos contra la normativa, se declaró incompetente y remitió la controversia al Tribunal Constitucional.
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