El Gobierno de Cuba responde a Trump: "La decisión es una, patria o muerte"
Afirmó que enfrentará la decisión de Washington de imponer aranceles a países que vendan o suministren petróleo a la isla
El Gobierno de Cuba afirmó este viernes que enfrentará la decisión de Washington de imponer aranceles a países que vendan o suministren petróleo a la isla con "firmeza" y aseguró que ante la presión económica de Estados Unidos "la decisión es una: patria o muerte".
En un extenso comunicado, un día después de la publicación de la orden ejecutiva de la Casa Blanca, el Gobierno insular aseguró que Estados Unidos "se confunde" por confiar en que "con la presión económica" hacia el país caribeño logrará que "Cuba caiga".
La Habana aseguró, sin embargo, que está dispuesta a mantener un diálogo "serio, responsable y basado en el derecho internacional, en la igualdad soberana, en el respeto mutuo" con Estados Unidos pero sin "injerencia en los asuntos internos".
De igual forma, recalcó que las nuevas medidas del presidente Donald Trump no van a "doblegar" la "determinación de defender la soberanía nacional".
"El Gobierno de Estados Unidos llega a este punto tras haber fracasado durante 67 años en rendir y destruir un proceso político y revolucionario genuino y legítimo, de plena soberanía, justicia social y fomento de la paz y la solidaridad con el resto del mundo", señaló la nota.
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Anteriormente, el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, subrayó este viernes en X que "esta nueva medida evidencia la naturaleza fascista, criminal y genocida de una camarilla que ha secuestrado los intereses del pueblo estadounidense con fines puramente personales".
Agregó que la decisión se ha tomado "bajo un pretexto mendaz y vacío de argumentos", en referencia a los argumentos contenidos en la orden ejecutiva para declarar una "emergencia nacional" en EE. UU. por el peligro que supuestamente supone Cuba para su seguridad nacional.
Entre esos motivos, Washington destacó el alineamiento de La Habana con Rusia y otros "actores malignos", la acogida de bases de espionaje y "grupos terroristas transnacionales", la persecución y tortura de oponentes políticos y la negación de derechos humanos en la isla.
La orden concluye que "estas acciones constituyen una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de EE. UU." y "requieren una respuesta inmediata para proteger a los ciudadanos e intereses americanos".
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