Política de competencia política

Los partidos políticos deberían ser considerados como emprendimientos comerciales y estar sujetos a la legislación de competencia. La libre competencia ha demostrado ser un motor de productividad, innovación y bienestar, evidenciado por la disminución de la pobreza a nivel global. Este principio de competencia no solo se aplica en la economía, sino también en la política, donde la existencia de alternativas es fundamental para evitar la colusión y el abuso de poder. Recientemente, en la política dominicana, se han presentado situaciones que, de haber ocurrido en el ámbito económico, habrían sido sancionadas por las leyes de competencia. Un ejemplo es el debate sobre las candidaturas independientes, donde el Tribunal Constitucional defendió la posibilidad de postular candidatos nuevos a través de agrupaciones cívicas, pero esta propuesta fue rechazada por los representantes de partidos establecidos. Este tipo de comportamiento refleja una tendencia a mantener un control monopolístico sobre el proceso electoral. Además, el gobierno ha propuesto reducir a la mitad el financiamiento que reciben los 34 partidos políticos y 7 movimientos reconocidos, que actualmente absorben RD$1,620 millones anualmente. Esta medida busca generar un ahorro fiscal ante el aumento del costo del subsidio al consumo petrolero y eléctrico.