Oxfam: Aumento de riqueza de superricos en Latinoamérica pone en riesgo la democracia
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Oxfam: Aumento de riqueza de superricos en Latinoamérica pone en riesgo la democracia

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    El incremento "sin control" de la riqueza de los multimillonarios en América Latina y el Caribe en los últimos años, equivalente casi al PIB conjunto de Chile y Perú, pone en riesgo la democracia en la región al crear un "desequilibrio" social mediante la "compra de influencias políticas", aseguró este lunes Oxfam.

    Y agregó que "este desequilibrio perpetúa élites que compran influencia política y reproducen la desigualdad por generaciones, condicionando decisiones de políticas públicas y limitando los recursos que podrían destinarse en beneficio de las mayorías".

    El informe de Oxfam 'Riqueza sin control, democracia en riesgo: ¿por qué América Latina y el Caribe necesitan un nuevo pacto fiscal?', hecho público con ocasión del Foro Davos que comenzó hoy en la ciudad suiza del mismo nombre, señala que la región registra un récord de 109 milmillonarios (14 más que a fines de 2024), con una riqueza conjunta de casi 622,000 millones de dólares, casi equivalente al PIB combinado de Chile y Perú.

     Además, a día de hoy "el 53.8 % de los superricos de la región heredaron total o parcialmente su fortuna, muy por encima del 37.3 % mundial".

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    "Es una amenaza directa a los derechos"

    El informe apunta que "no es casualidad" que el 65 % del patrimonio de los milmillonarios en Latinoamérica y el Caribe esté "en sectores estratégicos como finanzas, telecomunicaciones, medios de comunicación y energía, sectores altamente desregulados y en los que la cercanía al poder es clave".

    "Cuando la riqueza compra influencia política, la democracia deja de ser representativa y se convierte en privilegio de unos pocos. No es solo un problema económico: es una amenaza directa a los derechos y a la voz de las mayorías", añade García-Parra.

    Insta a gravar la riqueza

    Ante ello, Oxfam insta a los Gobiernos a priorizar la implementación de "planes nacionales para reducir la desigualdad, con metas claras y seguimiento" y "gravar la riqueza y las herencias del 1 % más rico para limitar el poder de los superricos".

    Así como "regular la influencia política y mediática de las élites, garantizando independencia y transparencia" y "proteger las libertades democráticas y fortalecer la participación ciudadana".

    "Que el poder económico decida nuestro futuro no es aceptable. Los gobiernos de América Latina y el Caribe tienen la responsabilidad ineludible de actuar para reducir la desigualdad y frenar la amenaza que la concentración extrema de riqueza representa para la democracia", concluye García-Parra.

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