Aprueban proyecto ley de juegos de azar
La Cámara de Diputados aprobó este jueves, en dos discusiones consecutivas, el proyecto de ley que regula los juegos de azar en la República Dominicana, iniciativa de los senadores Pedro Catrain y Félix Bautista.
La pieza legislativa, que había sido aprobada previamente en el Senado, fue modificada por los diputados, por lo que deberá regresar a la cámara alta para su nueva revisión.
La normativa establece reglas para la autorización, fiscalización y supervisión de las actividades de apuestas, tanto físicas como electrónicas, con el fin de garantizar la protección de los usuarios, prevenir el fraude y el lavado de activos, y asegurar el cumplimiento de las obligaciones tributarias.
Entre sus disposiciones, la normativa contempla la suspensión de nuevas licencias por un período de 10 años, excepto en hoteles y zonas turísticas, la prohibición de instalar establecimientos de apuestas a menos de 500 metros de escuelas, universidades, hospitales, iglesias y sedes estatales, así como la distancia mínima de 500 metros entre bancas deportivas.
Además, busca ordenar la expansión del sector y evitar la saturación de locales de apuestas en zonas urbanas, garantizando un mayor control estatal y reduciendo el impacto social negativo que estas actividades puedan generar.
El proyecto busca modernizar el marco jurídico del sector y consolidar las leyes dispersas para una supervisión más eficiente por parte del Estado.
El proyecto aprobado por la Cámara de Diputados también resalta la importancia de proteger a los menores, al establecer como fines esenciales de la normativa la defensa de los derechos de niños, niñas y adolescentes frente a los riesgos asociados a las apuestas.
Orden público y transparencia
La norma busca fortalecer el orden público y garantizar que las actividades relacionadas con los juegos de azar se desarrollen bajo un marco de transparencia y responsabilidad social, que consolida la supervisión estatal sobre un sector que históricamente ha operado con regulaciones dispersas.
El proyecto también plantea la creación de un registro nacional de licenciatarios, en el cual deberán inscribirse todas las personas físicas y jurídicas autorizadas para operar en el sector. El registro servirá como instrumento de control y transparencia, permitiendo al Estado llevar un seguimiento de los operadores, verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y aplicar sanciones en caso de irregularidades.