La tentación de corregir la ley

La Junta Central Electoral (JCE) ha decidido prohibir la publicación de encuestas fuera del período oficial de precampaña, lo que ha generado críticas sobre su carácter autoritario y derrochador. Esta medida, presentada como una resolución para garantizar la equidad y transparencia, contradice lo estipulado en el artículo 216 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral, que permite la difusión de encuestas hasta ocho días antes de la votación. La ley es clara al afirmar que antes de ese plazo "se podrán publicar todas las encuestas realizadas". La reglamentación no debe interpretarse como una reescritura de la ley, sino como una herramienta para su aplicación. La JCE tiene la potestad de regular aspectos técnicos y exigir transparencia, pero no puede restringir la difusión de información política, que está protegida constitucionalmente. Las encuestas no solo son instrumentos estadísticos, sino que también alimentan el debate público y el derecho de los ciudadanos a recibir información sobre tendencias y opiniones en el contexto electoral. Por lo tanto, la prohibición de su publicación fuera del periodo establecido plantea serias dudas sobre su conformidad con los principios democráticos y constitucionales.