La dictadura del chantaje

La libertad de expresión tiene como propósito fundamental proteger la verdad, la crítica legítima y la fiscalización del poder. Sin embargo, en la República Dominicana, se ha observado que ciertos sectores de los medios de comunicación han dejado de informar para convertirse en instrumentos de presión, difamación y negociación de silencios. Cuando estas prácticas se financian con recursos públicos, se transforman en actos de corrupción. No todos los que se expresan en público lo hacen con la intención de informar; algunos buscan sembrar miedo y confusión entre la ciudadanía. La situación se agrava cuando el Estado se involucra en esta dinámica. La publicidad estatal debería destinarse a informar sobre obras, servicios y rendición de cuentas, no a mantener a ciertos medios en silencio o a calmar a quienes se benefician del escándalo. Existen funcionarios que favorecen a medios específicos y que, en lugar de comunicar, buscan evitar problemas, utilizando fondos públicos para silenciar críticas y escándalos. Esta práctica no solo es corrupción, sino que también erosiona la autoridad del gobierno. La debilitación de la disciplina política ha permitido que el chantaje y la manipulación ganen terreno. En un contexto donde no hay autoridad ni dirección, el ruido y la propaganda llenan el vacío. Las redes sociales han acelerado esta problemática, pero no son su origen.