Hay que seguir

Más de 834 mil motociclistas fueron fiscalizados en un año en la República Dominicana bajo la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. A pesar de esta cifra significativa, el problema de la imprudencia vial persiste y supera la capacidad de control de las autoridades. Se retuvieron más de 81 mil motocicletas, lo que sugiere que las infracciones son comunes en las calles del país. La motocicleta, aunque se ha convertido en un símbolo de movilidad rápida, también representa una vulnerabilidad extrema. En las avenidas se observan conductas de alto riesgo, como la falta de cascos, maniobras peligrosas y circulación indebida. Si bien las autoridades están realizando fiscalizaciones, estas no son suficientes frente a una cultura de irrespeto que parece desafiar las sanciones. Es crucial que las políticas públicas no sean solo reactivas. Se necesita aumentar la presencia de agentes de tránsito, aplicar sanciones más severas y asegurar su cumplimiento sin excepciones. La impunidad, aunque sea ocasional, socava los esfuerzos institucionales. La seguridad vial debe ser una prioridad urgente, y las medidas deben ser más firmes y visibles, ya que el costo de no actuar se traduce en la pérdida de vidas.