Identidad digital: cómo se crea la confianza

En las entregas anteriores decíamos que, cuando la identidad de una persona se digitaliza, deja de existir únicamente en documentos físicos y pasa a vivir como datos. Pero hay una segunda pregunta, aún más importante: ¿quién protege esa identidad una vez entra al ciberespacio? La transformación digital no consiste solamente en modernizar una cédula, abrir servicios en línea o facilitar transacciones electrónicas. Implica construir algo menos visible, pero mucho más determinante: un sistema de confianza. Sin confianza, la identidad digital no funciona. Entonces, pueden preguntarme ustedes: ¿qué importa que mis datos personales los tenga mi banco, el INTRANT, la Junta Central Electoral o la clínica donde me atiendo? Se supone que ellos los resguardan correctamente, ¿no? La respuesta es: no necesariamente. Los datos personales no son simples registros administrativos; son una extensión de la persona. Es mi derecho saber quién utiliza mis datos, para qué fines, corregirlos, eliminarlos, limitar su uso o autorizarlo. Debo poder consentir o negarme a que sean utilizados en procesos automatizados de toma de decisiones, por ejemplo. Desde 2020, un equipo de técnicos y abogados, tanto del sector público como del privado, se enfrascó en la tarea de actualizar la Ley 172-13 de Protección de Datos Personales y adecuarla a los estándares internacionales, para que el país contara con un marco legal real, efectivo y utilizable. Desde 2023, ese proyecto descansa en la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo. Y, desde entonces, se han ido creando distorsiones muy peligrosas en esta materia, que pueden perjudicar y vulnerar al ciudadano en el ejercicio de sus derechos digitales. La confianza digital no depende únicamente de la tecnología, sino de la existencia de supervisión real y de consecuencias ante el abuso. Esa confianza solo puede construirse cuando el progreso tecnológico avanza acompañado de reglas claras, instituciones fuertes y una convicción simple: la identidad digital pertenece al ciudadano, no al sistema que la procesa. Sin embargo, todo eso seguirá siendo un sueño, letra muerta, mientras no se cree la infraestructura de la confianza. Y esa infraestructura está planteada en ese proyecto de modificación de la Ley de Protección de Datos Personales. Y mientras el país posterga o simplemente ignora esta conversación, la identidad digital de los ciudadanos ya está siendo utilizada todos los días. La pregunta, entonces, no es si necesitamos proteger nuestros datos. La pregunta es quién los está protegiendo hoy…