¿Dónde queda la seguridad jurídica?

El presidente Luis Abinader anunció la detención inmediata de todas las actividades relacionadas con el proyecto minero Romero, ubicado en San Juan. Esta decisión responde a las críticas y la oposición manifestada por la población, lo que refleja una vez más la influencia del populismo en su gestión. Sin embargo, esta reversión plantea interrogantes sobre la seguridad de las inversiones en el país. El proyecto Romero había recibido previamente autorización para un estudio de impacto ambiental, el cual era fundamental para evaluar su viabilidad. Si el análisis determinaba que el proyecto causaría más daños que beneficios, debía ser rechazado con base en evidencias objetivas. Por el contrario, si se consideraba viable, las protestas continuarían, y el Gobierno tendría que demostrar que los beneficios superan los inconvenientes. Al detener el proyecto antes de que se completara el estudio, Abinader ha dejado a los inversionistas en una situación incierta, lo que podría afectar la confianza en futuros proyectos en el país.